Gonzalo Durán y Marco Kremerman – Economistas de la Fundación SOL
7 de Diciembre de 2011
Ahora fue el turno de las empresas avícolas. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia en contra de las empresas productoras de pollo Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía y Agrícola Don Pollo, así como de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) por “celebrar y ejecutar un acuerdo en el mercado de producción y comercialización de la carne de pollo, consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional”. La típica y vieja estrategia de controlar la oferta, para controlar el precio y mantenerlo más alto, algo muy parecido a lo hacen los países que forman parte de la OPEP, el cartel del petróleo.
Además, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, declaró que la Fiscalía Metropolitana Oriente esta recopilando antecedentes para determinar si abre una investigación criminal y precisó que si hay que perseguir a delincuentes “de cuello y corbata” lo harán, ya que no es posible que se castigue el robo de una gallina y no se castiguen las grandes estafas y fraudes a los ciudadanos.
Y no es para menos, el pollo es parte de la dieta de las familias chilenas y un sustituto para muchos hogares que no pueden darse el lujo de consumir carne. Una familia de 4 personas que consume 10 kilos de pollo al mes, está destinando cerca de $18.000 mensuales de su presupuesto, o sea, casi el 10% de un salario mínimo, que actualmente ganan 1 millón de personas en Chile.
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