Chile : Proyecto de Ley Contra el Derecho a la Libertad de Expresión

Proyecto de ley que el ejecutivo redactó y envió al congreso, que persigue hacer responsables a los organizadores de manifestaciones públicas por los daños que se realicen en el acto. Según lo entregado por el ejecutivo, el texto señala que serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.

Según el proyecto, si una organización o grupo de ciudadanos convoca a una manifestación para proponer, criticar o promover una idea o reivindicación, deberá responder civilmente por cualquier incidente, aún cuando éstos sean provocados por personas ajenas a la manifestación.

Link : Congreso Nacional de Chile (Buscar Boletín 4832-07)

N° Boletín: 4832-07
Título: Modifica diversos cuerpos legales, en materia de orden público

Archivo Word : Proyecto de Ley 5218

Resumiendo ahora será muy sencillo encarcelar y multar a quienes llamen a manifestarse en contra de un abuso, simplemente tienen que infiltrar a una persona que efectue actos vandálicos durante la manifestación. En la práctica se traduce en una ley que reprime las manifestaciones ciudadanas.

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Organizaciones sociales y estudiantiles de Temuco, convocan  a la comunidad regional y nacional a manifestarse en contra del proyecto de ley que restringe el legitimo derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas (Reunirse, manifestarse, etc.),

La convocatoria para Temuco es a una marcha el día Lunes 17 de Agosto a las  12:00 en la Plaza del Hospital, además saldrá una marcha desde la Universidad de la Frontera Campus Andrés Bello a las 11:00.

El llamado es a replicar estas acciones ciudadanas por todo el territorio, de Arica a Punta Arenas.

¿De qué trata y en qué estado se encuentra este antidemocrático proyecto de Ley?

El proyecto de ley sobre manifestaciones públicas está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, pues ya fue aprobada en el Senado. En el gobierno esperan que quede absolutamente tramitada en agosto, días antes que se registren los actos conmemorativos de septiembre y del golpe de Estado.

Esta Ley pretende criminalizar a quien desee manifestarse públicamente.:

Entre las disposiciones que contempla se encuentra el castigo con penas de cárcel (541 días a 3 años) y multa de 4 a 8 UTM (entre 130 y 260 mil pesos) a quienes sean acusados de acciones “violentas”. Asimismo el proyecto de ley culpabiliza a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública de los supuestos daños que los participantes causen. El texto dice que los organizadores y convocantes de una manifestación pública, que han comunicado a la “autoridad competente” la realización de una manifestación serán responsables de los hechos que ocurran durante dicha actividad, por lo tanto, se califican como conductas delictivas prácticas que no son conductas penales, como es el convocar a una protesta, y además se aumenta la sanción de un acto que en un contexto que no sea protesta, solo se considera una falta. Aun más, en caso de no haber una convocatoria oficial, serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”, e incluso se culpará a aquellos que lideren o figuren en la cabeza de la manifestación de cualquier situación eventual durante la manifestación.

Las organizaciones aquí presentes sabemos que esta Ley pretende impedir convocar a cualquier manifestación. Al transferir responsabilidad de hechos no cometidos por una persona se busca también romper los espacios de unidad que hoy se han ido alcanzando al interior de movimientos sociales, sindicatos y confederaciones de trabajadores, movimiento estudiantil y mapuche, y abre las puertas para coartar y reprimir a cualquier expresión de desacuerdo con el Estado, el Modelo económico y el “orden” actual.

Esta ley es solo parte de un conjunto de prohibiciones que los sectores dominantes, empresarios, clase política, medios de comunicación tradicionales entregan como respuesta al surgimiento de fuerzas sociales y caminos de unidad que el pueblo ha comenzado a transitar. Otro proyecto de ley que actualmente se discute en el parlamento prohíbe el uso de las Juntas de Vecinos para fines políticos. Lo anterior sumado a la ya vigente prohibición a los dirigentes sindicales de optar al parlamento, esto deja en evidencia que “la política”  se convierte en propiedad exclusiva de la clase dominante.

El gobierno “progresista de Michelle aprovecha su gran “aprobación popular” NO para fomentar un “gobierno ciudadano” sino para agredir y desmoronar a los movimientos sociales que pudieran oponerse a cualquier medida gubernamental o de las clases dominantes.

RUTAS MARCHA TEMUCO

IDA: Av. Francisco Salazar, Av. Caupolican (Plaza Caupolican Punto de conexión con 2 marcha), Portales, Bulnes,

VUELTA: Antonio Varas, Prat, Manuel Montt y Plaza Caupolican.

Si ya tienes ruta y día para manifestar en tu ciudad comunícala  para darle difusión via la Red de Medios de los Pueblos y otras Redes hermanas de la organización social latinoamericana que unidos derrotaremos la criminalización que persigue a los pueblos que luchan.

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Arrate encara “Proyecto contra manifestaciones públicas es propio de un Estado policial”

El candidato de la izquierda, Jorge Arrate, considera “propio de un Estado policial” el proyecto de ley que presume de manera automática la responsabilidad de los convocantes y organizadores de manifestaciones publicas de los desmanes que se cometan en estos actos, y que criminaliza los derechos constitucionales a reunión y expresión, garantizados de manera expresa por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13.

La Cámara de Diputados debate un polémico proyecto de ley que apunta a hacer responsables a convocantes y organizadores de reuniones o manifestaciones públicas de los desmanes que en estas puedan ocurrir. Ya aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, el proyecto concita un transversal rechazo en la sociedad civil, por el menoscabo a los derechos a la libre reunión y expresión. El texto dice que serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.

Si no hay convocantes oficiales, se hará responsables a las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse. También a aquellos que lideren o figuren en la cabeza de la manifestación.

Arrate dice que “esta es una violación a los derechos constitucionales a reunión y expresión, que ya están menoscabado en nuestro país por el Decreto Supremo 1086, dictado por Pinochet, que impide la reunión sin permiso previo. De esta manera se hacen inoperantes e inviables los derechos constitucionales a reunión y expresión”.

El aspirante a la Presidencia llama a las personas individuales y organizaciones sociales a organizase para impedir que sigan limitándose sus derechos ciudadanos , que en Chile ya están menoscabados por diversas formas de control ejercidas por la autoridad política y personal policial. “En una democracia auténtica, los ciudadanos tienen el derecho a reunirse sin pedir la autorización; de cualquier otro modo, el derecho a reunión y a la libre expresión pasan a ser letra muerta”, concluye Arrate.

Por Soraya Rodríguez

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¡Atención ciudadanos! Mañana el Parlamento discute la Ley contra las manifestaciones sociales.

Álvaro Cabrera el 28/07/2009 a las 11:39 AM

Mañana martes 28 de julio, la Cámara de Diputados discutirá un proyecto de ley que pretende atribuir a los organizadores de manifestaciones públicas la responsabilidad por los daños a la propiedad pública y privada que eventualmente pudieran ocurrir en torno a ellas.

Según el proyecto, si una organización o grupo de ciudadanos convoca a una manifestación para proponer, criticar o promover una idea o reivindicación, deberá responder civilmente por cualquier incidente, aún cuando éstos sean provocados por personas ajenas a la manifestación.

Este hecho coarta gravemente la posibilidad de expresión en el espacio público, profundizando aún más el deterioro de nuestra democracia. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo atenta contra dos de los pilares fundamentales e inherentes a la democracia: las libertades de expresión y reunión.

El proyecto ya fue discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados (en junio pasado). En esa instancia, los diputados Carlos Montes, Marcelo Díaz, Enrique Jaramillo, Eduardo Saffirio y Marcelo Schilling propusieron suprimir el artículo 4°, que es el que establece que ?los organizadores y los convocantes responderán por los daños que se produzcan con ocasión de esas reuniones o manifestaciones?, pero esta moción fue rechazada con los votos de los diputados Felipe Harboe y Jorge Burgos.

Necesitamos no menos, sino mucha más y mejor democracia para que los conflictos sociales y la diversidad encuentren canales pacíficos y constructivos de expresión, demanda y resolución.

Álvaro Cabrera Maray
Candidato a Diputado por Ñuñoa y Providencia

PD: A continuación el texto del artículo 4° del proyecto de ley y un análisis jurídico del mismo.

?PROYECTO DE LEY:

?Artículo 4°.- Los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, deberán adoptar las medidas para el adecuado y pacífico desarrollo de las mismas.

Los organizadores y los convocantes responderán por los daños que se produzcan con ocasión de esas reuniones o manifestaciones, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.

Se presumirá que los organizadores y convocantes a reuniones o manifestaciones públicas han adoptado las medidas a que se refiere el inciso anterior, cuando cumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía.

Se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo?.

ANÁLISIS JURÍDICO:

En cuanto a la interpretación que se le debe dar a lo dispuesto en el artículo 4º, me permito aclarar lo siguiente:

a) «Los organizadores y los convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público»
Esto se traduce que todos los sujetos u organizaciones de sujetos que convoquen a una reunión o manifestación a realizarse en lugares de uso público le son aplicables las normas de este artículo. En ello cabría, si hacemos una interpretación amplia de la norma, tanto organizaciones civiles, como grupos que se manifiesten, sea por motivos políticos o no. En esto se podría estar incluyendo, por ejemplo, a los clubes de fútbol que convocan a manifestarse deportivamente a favor de un equipo en un estadio (que es un lugar de uso público).

b) La norma obliga a los sujetos que organicen y convoquen a manifestaciones a adoptar medidas tendientes a resguardar la seguridad de los lugares en donde transcurra la manifestación. El problema, es que la ley se estaría convirtiendo en un contrasentido, pues obliga a la ciudadanía a algo que se le ha entregado al Estado, que es velar por la seguridad de los ciudadanos y con esta norma se estaría incluso cargando a la sociedad civil manifestante con funciones que le son propias a la policía.

c) Se hace una presunción que los convocantes han incumplido con la obligación anterior, cuando no cumplen con las disposiciones de la policía. El problema es que aquí se está haciendo reiteración de un vicio que incluso se encuentra en la Constitución, pues mediante el famoso Decreto que regula el asunto de manifestaciones públicas, se está regulando por Decreto un Derecho Fundamental o Derecho Humano, y estos sólo pueden ser regulados por Ley, sin embargo se está entregando la facultades de regulación a la Policía.

d) Tal vez lo más controversial es el hecho que los convocantes y organizadores de las manifestaciones respondan solidariamente de los daños ocasionados con ocasión de la manifestación. La responsabilidad solidaria, implica que se puede demandar los daños tanto a los organizadores como a quienes realicen los desmanes y daños. Eso significa, en otras palabras, que los que sufrieron el daño, pueden pedirle a cualquiera de los que participaron en la manifestación de que paguen los daños, sea estas personas naturales, o las organizaciones que convocaron. Si se llega a descubrir quien destruyó efectivamente las cosas, se le puede demandar por parte de las organizaciones o convocantes el monto que tuvieron que pagar por los daños. Esto claramente es un desincentivo a llamar a manifestarse, y ahí lo grave de esta Ley, pues la idea es promover la participación ciudadana y no inhibirla. Claramente los ideólogos del proyecto de Ley no creen en la ciudadanía ni en la Democracia.

Nota de Crack : No nos interesa promover candidatos, sólo pongo esta información por considerarla relevante para el artículo.

Fuente 1 : El Ciudadano
Fuente 2 : El Ciudadano
Fuente 3 : RadioSantaMaria
Fuente 4 : Cabreradiputado
Fuente 5 : Congreso Nacional de Chile